Dhayana Fernández Matos*
Aunque las cifras muestran una clara ventaja del candidato de la oposición, esto no es suficiente para asegurar que será el eventual ganador y que, de mantenerse esta tendencia, sea proclamado por el órgano electoral.
Según una encuesta realizada en julio por la Universidad Católica Andrés Bello y la encuestadora Delphos, la intención del voto a favor del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUC), Edmundo González Urrutia es de 59,3% y para el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presidente en funciones, Nicolás Maduro Mora, es de 34,8%. Esto implica una clara diferencia de más de veinte puntos porcentuales a favor de la PUC.
Aunque las cifras muestran una clara ventaja del candidato de la oposición, esto no es suficiente para asegurar que será el eventual ganador y que, de mantenerse esta tendencia, sea proclamado su triunfo por el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Se sabe que una encuesta es la fotografía de un momento, pero no es lo único que se debe tener en cuenta para que se dé un cambio político, menos en un contexto tan complejo como el existente en el sistema político venezolano donde hay otros aspectos que se deben considerar.
Las vías y los caminos
Un hecho notorio en Venezuela es que no se está en presencia de un régimen democrático que respeta las reglas electorales, la separación de poderes y la institucionalidad. Se está ante un gobierno autoritario que tiene cooptadas todas las instituciones del Estado. Aunque se mantengan las distintas ramas del Poder Público, en la práctica, se siguen las indicaciones que llegan desde Miraflores.
Además, las jerarquías más altas de las Fuerzas Armadas, principalmente por interés personal y patrimonial, son afectas a Nicolás Maduro. Ante un escenario en el cual Edmundo González Urrutia obtuviera la mayor cantidad de votos y el gobierno de Maduro reconociera su triunfo, el gran reto sería asegurar la gobernabilidad ante una institucionalidad militar y unos poderes públicos claramente chavistas, incluida la Asamblea Nacional compuesta mayoritariamente por partidarios del gobierno. Al mismo tiempo, las actuaciones de las cúpulas militares y su respeto a la constitución y al Estado de Derecho serán de particular importancia.
También se debe tener en cuenta que, la asunción del nuevo presidente (en caso de que haya un cambio), sería en enero de 2025, lo que implicaría seis largos meses donde la situación interna puede ser particularmente compleja. Y, ante tanta incertidumbre, parece existir certeza de que luego de las elecciones presidenciales, habrá una transformación en Venezuela y, aunque no se sepa el rumbo, estará marcada por situaciones que podrían poner en jaque la gobernabilidad del país.
Otro factor es que a los líderes del régimen les puede resultar muy caro dejar el poder y sólo lo harían si no les quedara otra vía, lo que implicaría el establecimiento de canales para la negociación, con la desconfianza que se tiene en este mecanismo por los resultados que se han obtenido en las distintas instancias de diálogo que se han establecido entre la oposición, o parte de ella, y el gobierno de Maduro.
Si no hay negociación, en este escenario se ve muy difícil que Maduro deje el poder. Aquí el gran reto de la PUC es que esa alianza, que aglutina grupos tan diversos, logre acuerdos sobre este tema.
Pese a esto, se debe indicar que, como nunca antes en 25 años, hay mucha esperanza en la población –incluidas personas que han sido fieles seguidoras de Hugo Chávez, pero que se desmarcan de Nicolás Maduro–, de que el cambio es posible.
Camino a la “orteguización” del régimen
Las violaciones de los derechos humanos en general, y en particular los derechos civiles, políticos y las libertades son una práctica sistemática en el gobierno de Maduro.
Según el Foro Penal, organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, en el país hay un total de 301 personas consideradas presas políticas y sólo en 2024 se han realizado 114 detenciones arbitrarias, de las cuales 102 se vinculan con el equipo o con las giras de María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia.
El régimen de Maduro ha establecido, sin éxito, distintas estrategias para impedir que Machado y González Urrutia recorran el territorio venezolano: cierre de carreteras, obstáculos en el camino, sanciones tributarias a quienes les prestan algún tipo de colaboración o servicio durante el recorrido. Se han cerrado hoteles, restaurantes y otros establecimientos por alojarlos o por darles de comer. Pese a esto, hay personas que están dispuestas a correr el riesgo, otra muestra más del malestar generalizado.
A ello se suma la estrategia comunicacional del gobierno que busca infundir temor en la población señalando que, de no ganar Maduro, en el país “correrá un baño de sangre”, que sólo ellos pueden asegurar la estabilidad.
Este camino de amenazas, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos guarda similitudes con lo realizado por Daniel Ortega, aunque Nicolás Maduro no es líder nicaragüense, ni el PSUV el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Como en el país centroamericano el régimen tiene control absoluto del órgano electoral; hay poca transparencia en el proceso electoral, lo que se demostró en la forma como se dio la inscripción de Edmundo González Urrutia. La instalación de las mesas y la certificación de los testigos electorales también será un tema al cual habrá que prestarle mucha atención el día de las elecciones para evaluar si hay ventajismo electoral de parte de quienes detentan el poder.
Cabe preguntarse si el fin último del régimen es instrumentalizar las elecciones con la intención última de mantener el poder, neutralizar toda oposición, dar un autogolpe, cometer fraude electoral siguiendo la ruta de sus amigos Daniel Ortega o Vladimir Putin.
El liderazgo de María Corina Machado
Formó parte con Leopoldo López y Antonio Ledezma, del ala más radical de la oposición. Fue partidaria de la abstención, del bloqueo económico de los Estados Unidos y su postura frente a la Mesa de la Unidad Democrática (anterior plataforma que unía a la oposición) era muy crítica. Las elecciones primarias de 2023 le dieron un nuevo aire, al resultar ganadora con más del 92% de los votos. Eso la catapultó como la líder indiscutible de la oposición venezolana.
Cabe destacar que su caso es sui generis en América Latina. Machado no contó con el apoyo de un liderazgo masculino que la impulsara, el suyo fue construido por sus propios medios y dándose algo inédito: es ella, una mujer, la que apoyó la candidatura de un hombre, de Edmundo González Urrutia, a quien trasladó su capital político. Su triunfo y el respaldo de la población han estado muy marcados por la desconfianza y deslegitimación sufrida por algunos líderes políticos de la oposición, entre ellos, el denominado presidente interino Juan Guaidó.
Durante esta campaña electoral, en la que ha recorrido el país, la llegada de Machado a poblaciones alejadas de los centros de poder ha aglutinado a las personas alrededor de su figura. En su discurso apela a la emotividad y a los sentimientos de las personas, quienes se sienten identificadas con sus palabras.
Los resultados electorales incidirán significativamente en su destino político. Un triunfo del candidato de la PUC podría fortalecer su liderazgo, pero una derrota electoral, independientemente de las razones por las que se produzca, podría suponer un costo político muy alto y ser aprovechado por quienes dentro de la unidad la adversan para responsabilizarla por no haber obtenido lo que se esperaba.
Edmundo González Urrutia, el candidato conciliador
En comparación con el discurso de María Corina Machado y otros líderes de la oposición, el de Edmundo González Urrutia es más comedido y abierto a una posible negociación para lograr la transición. En distintos momentos ha reiterado que “en Venezuela caben todos”, incluidos los afectos al chavismo.
Hay un sector radical que se opone tajantemente a negociar con el régimen, sin embargo, la transición política que tanto requiere Venezuela será imposible sin diálogo, sin consenso, sin darle cabida a los distintos actores políticos, incluidos los sectores chavistas. Esto no implica negar la necesidad del establecimiento de una Comisión de la Verdad, de esclarecimiento de los hechos y de la reparación a las víctimas por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los 11 años del gobierno de Nicolás Maduro.
Las palabras de González Urrutia resultan muy prudentes para momentos tan críticos como los que vive Venezuela.
Brasil y Colombia, la posición de los vecinos
Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, líderes de la izquierda latinoamericana, se han ido desmarcando del gobierno de Maduro, luego del proceso de inscripción de candidaturas presidenciales, donde fue clara la violación de los derechos políticos por parte del régimen venezolano y ante la presión de la opinión pública de sus respectivos países. Desde abril han intentado, sin éxito, que se firme un acuerdo en el que las partes se comprometan a acatar los resultados electorales.
Por su cercanía geográfica con Venezuela, es indudable que los resultados electorales tendrán repercusiones en sus países, siendo uno de los problemas más preocupantes (no el único) un nuevo éxodo migratorio.
Actualmente hay casi 8 millones de migrantes de nacionalidad venezolana que huyeron de su país debido a la crisis humanitaria y los resultados electorales pueden ampliar esta cifra. Los datos muestran que cada vez que hay una elección que favorece al régimen, aumenta significativamente la cantidad de personas que salen de Venezuela. De ocurrir nuevamente, Colombia y Brasil serían algunos de los destinos preferidos con los retos que eso implica.
Ante este panorama, en Venezuela se mantiene la expectativa, mezclada con temor, pero a su vez con esperanza de que es posible que se dé un cambio político. Aunque quede tan poco tiempo, no hay claridad al respecto, es por lo que se le pide a la comunidad internacional no que intervenga, sino que esté muy atenta a la manera como se desarrollan los acontecimientos y, además, que esté dispuesta a rechazar contundentemente las violaciones de derechos humanos que se puedan presentar en estos próximos días.
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